HÉCTOR FROYLÁN CAMPOS

Tragedia en el Río Sonora: el aviso



Cuando el veneno derramado por la empresa minera Buena Vista del Cobre en Cananea corría por el Río Bacanuchi y los más de 200 kilómetros de longitud que tiene el cauce del Río Sonora desde Arizpe hasta Hermosillo, casi nadie advirtió la magnitud y consecuencias de la tragedia ambiental.
Las imágenes de lo que luego se convirtió en el peor desastre ecológico de la industria minera del País, empezaron a dar la vuelta al mundo el viernes 8 de agosto a través de las redes sociales del internet.
El reporte preliminar indicaba que durante al menos tres días, aproximadamente unos 40 millones de litros de ácido sulfúrico habían escurrido hacia afluentes y arroyos de la sierra, de un represo de la mina donde se depositan los residuos ácidos que solubilizan los metales pesados en el proceso de lixiviación del cobre.
Ello provocó que en cuestión de horas, el paisaje natural que presumió con gracia y colorido la ribera del Río Sonora, ofreciera un rostro francamente desolador, tétrico. La población pronto asomó el pánico.
Y es que, las aguas contaminadas por el drenaje ácido de mina venían arrastrando sustancias químicas (Arsénico, Cadmio, Plomo, Mercurio, Cobre, Zinc, Cromo, etcétera) cuya toxicidad no sólo resulta letal para la vida silvestre, sino que representan una grave amenaza (a corto y largo plazo) para la salud de las personas toda vez que los sedimentos terminan por filtrarse en el subsuelo y por ende, infectan al manto acuífero.
De acuerdo con expertos en el tema, los efectos en el organismo humano cuando se ingieren metales pesados, pueden ser tóxicos, cancerígenos, nerviosos o mutagénicos.
Vamos: la situación era de una gravedad tal que desde el momento mismo en que las autoridades fueron notificadas de la contaminación del río debieron haber declarado la contingencia ambiental y puesto en cuarentena toda la zona afectada.
Sin embargo, la experiencia dice que cuando se trata de atender y resolver algún desastre, particularmente aquellos provocados por la negligencia o la descuidada mano del hombre, el Gobierno suele intervenir con un manual donde la verdad de los hechos, el impacto de los daños o las medidas cautelares están proscritas.
Obviamente que hay ocasiones en que los funcionarios actúan con una irresponsabilidad producto de la impericia, incapacidad e insensibilidad en el manejo de una eventual crisis como la que detonó la contingencia ambiental en los pueblos de la sierra sonorense.
Recordemos que apenas se conocieron los detalles del derrame de ácido sulfúrico por las márgenes de los ríos, el Gobierno del Estado pretendió minimizar la catástrofe y neutralizar la contaminación con cal.
Hubo también una deliberada actitud criminal por parte de los directivos del Grupo México porque no sólo omitieron su obligación de dar aviso a las autoridades sobre el escape del ácido sulfúrico, sino que trataron de sorprender al Gobierno Federal con una justificación totalmente falsa en torno a las causas del percance.
A casi un mes de haber ocurrido el desastre ecológico, las comunidades y cabeceras de ocho municipios colindantes con la ribera del Río Sonora, se han visto repoblados por científicos, políticos, gobernantes, médicos, ingenieros, geólogos, químicos, reporteros, jornaleros, redentores, etcétera.
Ciertamente, existen fundadas razones para que los habitantes de la región serrana se muestren intranquilos y desesperados por el perjudicial impacto que ha generado el envenenamiento de la fuente de agua que es sostén y sustento no únicamente de la actividad económica, sino de su propia sobrevivencia.
La desgracia ambiental que ha dañado al entorno natural en esa región de sierra y a los moradores de los pueblos ribereños, ofrece una ventana de oportunidades para que los gobiernos, específicamente en Sonora donde la industria minera se expande a una mayor velocidad que en otros estados del País, empiecen a generar una actitud más comprometida con el medio ambiente por parte de las empresas que explotan las riquezas en nuestro suelo.
Un primer paso que mucho podría contribuir a evitar este tipo de accidentes o tragedias ecológicas, es la supervisión estricta y rigurosa del marco normativo que rige a una actividad que provee cuantiosas divisas y da empleo a miles y miles de mexicanos.
No por el hecho de que la minería se asuma como un negocio altamente redituable por los ingresos fiscales que obtiene la Federación, es que habrá que concederles concesiones o patentes de impunidad a la hora de responder por sus atrocidades.
La tragedia en el Río Sonora, es el primer aviso. Ojalá sea el único, el último, por el bien de todos.