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Por Víctor Fuentes
AGENCIA REFORMA
CD. DE MÉXICO.- Las escuelas privadas no pueden condicionar la aplicación de exámenes o evaluaciones al pago actualizado de colegiaturas, determinó un tribunal federal.
“La educación forma parte del derecho al mínimo vital, por lo que, condicionar su otorgamiento al pago de una contraprestación, significaría condicionar las necesidades básicas del individuo al interés de un particular, lo cual es inadmisible”, afirmó el Quinto Tribunal Colegiado del Centro Auxiliar de la Quinta Región.
La deuda por el no pago de colegiaturas, indicó, usualmente no es atribuible al alumno, sino a los padres o tutores, por lo que no se puede afectar el derecho de aquel para acceder al servicio público de educación por las omisiones de los últimos.
La sentencia y la tesis respectiva, publicada el 22 de agosto, son novedosas, entre otras razones, porque el amparo fue promovido contra una escuela privada.
Además, el Poder Judicial Federal está apenas en proceso de considerar a estas instituciones como autoridades, para efectos del juicio de amparo, lo que es posible desde que en abril de 2013 entró en vigor la nueva ley en la materia.
El amparo fue promovido en 2013 por Marisol Verdugo Orozco, alumna del Campus Mexicali de la Universidad del Valle de México, a la que, por órdenes verbales, se le impidió tomar exámenes y seguir accediendo a las aulas.
En enero pasado, el juez de distrito, Pedro Jara Venegas, desechó la demanda de Verdugo por considerar que la UVM es una institución privada que no actuó como autoridad, y por tanto, se trataba de una disputa entre particulares que, en todo caso, podía ventilarse por la vía civil.
Pero el Tribunal Colegiado, con sede en La Paz, e integrado por los magistrados Juan Manuel Serratos, Hugo Ramos Carreón y Olivia Rotunno, revocó la sentencia y consideró que la UVM sí debía ser considerada autoridad.
“Una institución educativa privada que brinda el servicio público de educación media superior, al amparo del Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, ejerce actos de autoridad para efectos del amparo cuando afecta el servicio público que le es encomendado, entre otros casos, cuando niega al educando la práctica de alguna evaluación educativa, bajo el argumento de no haber realizado el pago de la colegiatura correspondiente”, dice otra tesis derivada del mismo caso.
La UVM intentó llevar el caso a la Suprema Corte de Justicia, pero la presidencia del máximo tribunal desechó el recurso por improcedente.
Por lo novedoso del tema, la Corte no ha generado hasta ahora jurisprudencia definitiva para aclarar si las escuelas y universidades privadas pueden ser consideradas como autoridades para efectos del amparo, o en que casos.