Por Víctor Fuentes

AGENCIA REFORMA

CD. DE MÉXICO.- El gobierno de Estados Unidos acusó al ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, de haber estado al servicio del narcotráfico durante todo su sexenio e incluso después.

Un gran jurado federal presentó ocho cargos penales contra Yarrington ante una Corte de Distrito de Brownsville, por delincuencia organizada, narcotráfico, lavado de dinero y fraude bancario.

La acusación fue presentada bajo sello el pasado 22 de mayo, pero fue hecha pública ayer.

El mismo 22 de mayo, el juez Ronald G.Morgan ordenó la aprehensión de Yarrington y su coacusado, el empresario Fernando Cano Martínez, quien al igual que el ex gobernador esta prófugo desde el año pasado.

Los fiscales responsables del caso también informaron a la Corte que buscarán sanciones económicas contra ambos acusados que suman 131 millones de dólares, así como el decomiso de un avión Pilatus y un terreno de 18.5 hectáreas en una de las zonas más exclusivas de San Antonio.

Apenas la semana pasada, ante la misma Corte, el Departamento de Justicia presentó cargos por lavado de dinero contra el ex gobernador interino de Coahuila, Jorge Torres López.

El caso contra Yarrington es el más amplio que se ha presentado en Estados Unidos contra un ex gobernador mexicano relacionado con el narco, pues incluso Mario Villanueva, el ex Mandatario de Quintana Roo preso actualmente en Nueva York, sólo fue señalado por lavado de dinero.

“Comenzando en 1998, cuando era candidato a la gubernatura, y en años posteriores, Yarrington, asistido por integrantes corruptos de la Policía Estatal de Tamaulipas, recibió sobornos de grandes organizaciones del narcotráfico que operaban en esa Entidad, incluido el Cartel del Golfo”, dice la acusación por dirección de una empresa criminal organizada.

“Los pagos de narcotraficantes a Yarrington continuaron durante los seis años de su gobierno, de febrero de 1999 a diciembre de 2004, e incluso después. Durante este periodo, el Cartel del Golfo importó a Estados Unidos grandes cantidades de cocaína y marihuana”, agrega.

También señala que Yarrington se benefició del robo de 60 millones de pesos del erario, obtenidos en diciembre de 2004 por un “alto funcionario” del Municipio de Nuevo Laredo.

Según el Gran Jurado, el entonces subsecretario de Egresos del Gobierno estatal ayudó a Yarrington a ocultar los 60 millones en enero de 2005, mediante transferencias a una cuenta en el Inter National Bank.

“Los recursos fueron utilizados para comprar un avión Sabreliner 60 con matrícula XBULF, que fue usado en múltiples ocasiones por Yarrington y otros conspiradores”, afirma el documento de 53 cuartillas, inusualmente largo para una acusación de este tipo.

Otra compra fue un avión Pilatus matrícula N679PE, adquirido por Cano en diciembre de 2005 por 2.5 millones de dólares.

También se retoman operaciones bancarias e inmobiliarias que ya eran conocidas, pero que sólo habían resultado en demandas civiles que buscan decomisar diversas propiedades en Texas.

“Durante el curso de la conspiración, un conspirador abrió varias cuentas en HSBC, BBVA Bancomer, Banamex, Banregio y Scotia Bank en México, y de 2007 a 2009, decenas de millones de pesos fueron depositados en estas cuentas y luego transferidos a Monex, que a su vez los transfería a Estados Unidos”, detalla.

Por ejemplo, se acusa fraude bancario por la obtención de un crédito de 6.5 millones de dólares en 2006 para la compra de un terreno baldío de 18.5 hectáreas cerca de La Cantera, el centro comercial más exclusivo de San Antonio.

Cantera Parkway, la empresa creada por Cano para comprar el terreno, recibió desde Monex trece transferencias entre junio de 2008 y diciembre de 2009 por más de 2.2 millones de dólares.

Desde 2012, el Departamento de Justicia inició una demanda civil para decomisar el predio de 18.5 hectáreas, y ha rechazado peticiones de los abogados de Cantera Parkway para proporcionar más detalles sobre el origen ilícito de los fondos para pagar el préstamo.