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Por Carmen Aristegui


Termina 2013, el rocambolesco año que, a punta de reformas a la Constitución y cambios en leyes fundamentales, marca el punto de arranque para un proceso transformador, cuya amplitud y profundidad afectarán la vida de este país y de sus ciudadanos en plazos tan largos que se antoja imaginarlos por décadas. ¿Cómo y con qué alcances cambiará México a partir de estas reformas?, es la inquietante y principal pregunta que nos acompaña, como sociedad, ante la inminencia del Año Nuevo y recién pasada la Navidad.
Una vez consumados cambios impensables hasta hace muy poco, como la apertura energética y petrolera con las modificaciones a los artículos 25, 26 y 27 de la Constitución, el fin de año nos toma llenos de interrogantes. ¿Qué tipo de país se configurará a partir de tan veloces y repentinas transformaciones? ¿Qué cálculos políticos y sociales se habrán hecho para dar pasos hacia una determinada dirección?
Parte fundamental de lo que venga dependerá de cómo se elaboren las llamadas leyes secundarias por realizarse en 2014 y en la aplicación de las que ya fueron aprobadas en el año que está por terminar.
El vertiginoso proceso de cambios a las leyes y a la Constitución abarcó ejes principales también para la educación, las telecomunicaciones, el sector financiero, el hacendario, la transparencia, el acceso a la información; para un nuevo código Nacional de Procedimientos Penales, y hasta para las reglas del juego político con la desaparición del IFE y la irrupción de un nuevo y controvertido modelo híbrido para la competencia electoral.
Mala noticia para los afanes democráticos ha sido la manera de procesar varias de estas reformas.
El caso extremo, por su alcance y repercusiones para un nuevo modelo de país que se configura a partir de ella, ha sido la reforma energética. Más allá de la opinión que se tenga acerca de la conveniencia o no de abrir el sector a la inversión privada nacional o a las trasnacionales, lo que resulta innegable es que, para ser aprobada, se echó mano de los mecanismos políticos propios de un régimen antidemocrático.
Con la salida del PRD del Pacto por México, el infarto sufrido por Andrés Manuel López Obrador y una exigua presencia opositora en las calles, se decidió, desde lo alto, que podían hacerse modificaciones mucho más audaces por la apertura que las que el mismo Peña Nieto había anunciado en su iniciativa. La profundidad y alcance de la reforma se establece, esencialmente, con el fin de las prohibiciones constitucionales, pero no será sino hasta 2014, cuando se empiece a configurar el marco regulatorio mediante el cual se operará, que se podrá tener más claro el calado de la reforma y si habrá o no mecanismos reales para enfrentar los predecibles riesgos de corrupción a gran escala y prácticas depredatorias contra el bien nacional.
Mal augurio para lo que viene representa la manera en que procesaron cambios constitucionales de tal trascendencia: dominancia extrema del Ejecutivo en el procedimiento legislativo, congresos federal y estatales que -salvo excepciones- actuaron más como oficialía de partes que como órganos deliberativos y de representación de la sociedad. La aplanadora autoritaria sin contrapesos contó, también, con una cobertura informativa tibia e insuficiente. Antes y después de la reforma se abrió la llave de los recursos públicos para inundar los medios con planas enteras de inserciones y spots publicitarios a favor de la reforma.
Los efectos de la reforma mayor también se dejarán sentir en otros ámbitos. Convertida en moneda de cambio, por los firmantes del Pacto, se aprobó la reforma político-electoral que, lejos de entusiasmar, ha generado diversos cuestionamientos. Varios expertos han manifestado sus preocupaciones en estas mismas páginas editoriales.
Rasgo inocultable del desaseo legislativo es cuando, de madrugada, se cambia alguna palabra que trastoca el trasfondo fundamental de una norma y se hace retroceder en el terreno que se creía ganado. Lo más grave viene cuando -a pesar de ser identificada la maniobra- las Cámaras que legislan no hacen nada para remediarlo, con lo cual dan cuenta de que estuvieron de acuerdo en el retroceso.
Con la reforma política alguien cambió la palabra "adquirir" por "comprar" para dejar inoperante la posibilidad de anular una elección federal cuando se demuestre que algún candidato o partido tuvo algún tipo de exposición atípica e irregular en radio y televisión para promover su figura. El cambio no es inocente y toca el centro del modelo que llevó a Peña Nieto a la Presidencia de México. Otros, como Manuel Velasco, recorren -desde ya- ese caminito.