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Adriana Manzanarez lleva ocho años presa por el homicidio de su hijo recién nacido

Por Víctor Fuentes
AGENCIA REFORMA
CD. DE MÉXICO.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la liberación inmediata de una indígena de Ayutla de los Libres, Guerrero, que lleva casi ocho años presa por el homicidio de su hijo recién nacido.
La Primera Sala de la Corte resolvió por unanimidad que no quedó acreditada la existencia del homicidio del menor ni la responsabilidad de su madre, Adriana Manzanarez Cayetano, quien se embarazó durante una relación extramarital.
Los ministros establecieron que si bien el niño nació vivo, el dictamen médico no acreditó la causa de su muerte, que según la sentencia condenatoria fue provocado por su madre al arrojarlo de cabeza por temor a que el embarazo fuera descubierto por su esposo, migrante en Estados Unidos.
El expediente indica que Manzanarez y su amante, Virgilio Cruz Ortega, enterraron el cadáver del recién nacido, mismo que fue ubicado dos días después.
Los padres de Manzanarez le exigieron revelar lo que había sucedido con el menor, y la mujer fue interrogada por una comisión de 30 personas designada por el Comisario Ejidal, hasta que finalmente confesó que había matado al niño arrojándolo de cabeza.
Si bien Manzanarez también admitió su culpa en su declaración ministerial, en la declaración preparatoria ante el juez se retractó y afirmó que el niño había nacido muerto.
La Corte resolvió que la declaración ministerial de Manzanarez fue inválida porque no contó con traductor e intérprete y porque el abogado que la asistió, Enrique Cantú Moreno, era al mismo tiempo defensor de Virgilio Cruz, lo que generó un conflicto de intereses, ya que éste último sostuvo que Manzanarez le había confesado que mató al niño.
“La retractación de una declaración autoincriminatoria, con independencia del momento procesal en el que ocurra, es un motivo suficiente para negarle cualquier valor probatorio a una confesión, en la medida en que constituye una manifestación indubitable de que el procesado no tiene la voluntad de autoincriminarse”, agregó la Sala.
En la versión final de la sentencia, aún pendiente de redacción, es probable que la Corte también declarará inconstitucional el Artículo 136 del Código de Procedimientos Penales de Guerrero, que permite al Poder Judicial reclasificar el delito imputado por el Ministerio Público, ya que esta práctica viola el principio de división de Poderes.
En el caso de Manzanarez, la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero redujo en 2010 la condena de 32 a 22 años de cárcel, pero lo hizo reclasificando el delito, de homicidio calificado a homicidio en razón de parentesco.