La ineficacia del aparato de justicia debilita gravemente la relación de los ciudadanos con sus autoridades; Hernández

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AGENCIA REFORMA
CD. DE MÉXICO.- No es suficiente aprobar leyes para proteger a las víctimas de un delito, advirtió Javier Hernández, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH). El combate a la impunidad, remarcó en entrevista, es el principal reto del Gobierno de Enrique Peña Nieto en la materia.
La impunidad persistente en el sistema judicial mexicano, consideró, menoscaba los alcances de la Reforma Constitucional de 2011 en materia de derechos humanos y la Ley General de Víctimas.
“Los sistemas judiciales que no logran producir justicia, en el sentido del debido proceso y de un resultado cierto sobre la culpabilidad o inocencia de los imputados (.) se han visto entrampados en una producción continua de impunidad”, indicó.
“Eso lleva a que no se ponga a disposición de la justicia a quienes son efectivamente los perpetradores (de un delito), y por lo tanto haya probablemente muchas personas hoy privadas de la libertad sin evidencia suficiente”.
El representante del ACNUDH apuntó que la ineficacia del aparato de justicia debilita gravemente la relación de los ciudadanos con sus autoridades y produce un distanciamiento entre sociedad civil y sociedad política.
Y esa brecha, afirmó, abre las puertas a la corrupción y la opacidad de las instituciones.
“(Los ciudadanos) ya no confían, no por la persona que tienen delante con uniforme o en una ventanilla o en un tribunal, sino que no confían que el resultado del trabajo de esas personas sea honesto, previsible, transparente y beneficioso”, señaló.
Para Hernández, frente al reto de recuperar la confianza de la sociedad hacia el Gobierno, la administración de Peña Nieto requiere “empoderar” a los ciudadanos para permitirles participar activamente en el diseño de las políticas públicas.
“La construcción de la democracia es de abajo hacia arriba, lo que se llama Estado de Derecho, esa confianza entre ciudadanía y servidores públicos, que está basada en el respeto de los derechos humanos y en resultados, que son profundamente valorados por la ciudadanía y entonces refuerzan la confianza”, subrayó.

Autodefensas
El surgimiento de grupos de autodefensa en Michoacán, sostuvo Hernández, es sólo una de las múltiples consecuencias de la impunidad en México.
“Las autodefensas son un (fenómeno) de la impunidad (...) Así se expresa en Michoacán, pero se va a expresar de otras maneras, más complejas o más diferentes, en otros lugares de la geografía”, advirtió.
“(Lo de Michoacán) no es un problema coyuntural frente al cual con dos o tres acciones y en dos o tres semanas estaremos en otro momento”.
Si bien en las autodefensas participan personas arraigadas a la vida comunitaria, señaló, otras provienen de “mundos” donde la disciplina, el control, la rendición de cuentas y el sometimiento a la justicia no están presentes.
Como ejemplo citó las recientes revelaciones que dan cuenta de la colaboración de ex miembros de los Caballeros Templarios con los grupos de autodefensa.