Por Vania Guerrero
y Dayna Meré
AGENCIA REFORMA
CD. DE MÉXICO.- El Gobierno Federal no buscaba la censura con su iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
La intención, dijo el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, es bloquear al crimen organizado.
“La intención era cerrarle la puerta de las comunicaciones al crimen y la ilegalidad, de ninguna manera a la sociedad”, expuso en conferencia de prensa en el Senado.
El funcionario dijo que el Gobierno Federal respeta el derecho a la libertad de expresión en todos sus ámbitos y que defenderá éstos a toda costa.
Aseguró, además, que la iniciativa enviada por el Ejecutivo en materia de telecomunicaciones y radiodifusión busca cumplir con el espíritu de la reforma constitucional y con los objetivos de política pública.
Entre ellos, mencionó una mayor competencia, mayor cobertura, precios accesibles y respeto a la manifestación de las ideas.
Comentó que el capítulo de colaboración con la justicia, donde se incluyen el bloqueo de señales, la conservación de datos y la geolocalización, fue construido con base en diversas recomendaciones de entidades de seguridad nacional y de justicia del País.
Además, afirmó que no es de interés del Gobierno coartar la libertad de expresión.
Por su parte, Jesús Robles Maloof, del llamado Continente MX, organización de activistas digitales, dijo que la Ley de Telecomunicaciones propone dotar de facultades al Ejecutivo para bloquear las telecomunicaciones.
La Declaración Conjunta de los Relatores de Libertad de Expresión de la ONU y de la OEA establecen con precisión que el bloqueo de las telecomunicaciones no se puede justificar, dijo.
“Esta discusión va en contra de Declaración Conjunta sobre internet; ¿en qué situación es mejor que la gente no se pueda comunicar?, y hasta el momento no han podido dar una respuesta”, señaló.
Agregó además que el tema de la neutralidad en la red es otro de los puntos en los que la reforma a la Ley de Telecomunicaciones está abiertamente contra los estándares internacionales, ya que en su propuesta establece que el usuario o la autoridad podrá solicitar que ciertos contenidos no se distribuyan, y esto tiene qué ver con discriminación.
“Es decir, hay ciertos contenidos que por petición de un usuario o de una autoridad tendrían que ser discriminados del tráfico en la red; el punto es que ni siquiera en el caso del usuario esto se justifica por qué”, explicó Robles Maloof.