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EL UNIVERSAL
CHILPANCINGO.- El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Ramón Navarrete Magdaleno, exhortó a los gobiernos Municipal, Estatal y Federal a brindar seguridad a los grupos de autodefensa en Guerrero, luego que el dirigente de la Unión de Pueblos del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio, fue interceptado por un grupo armado en el Municipio de Quechultenango, cuando se dirigía a una reunión en la comunidad de El Amate.
El vocero oficial del Gobierno de esta Entidad, José Villanueva Manzanarez, confirmó, por su parte, que se mantienen las medidas cautelares en torno a la protección física tanto del ex dirigente de la CANACO, Pioquinto Damián Huato, y del también dirigente del UPOEG, Bruno Plácido Valerio.
El ombusdman guerrerense indicó que las medidas cautelares a los integrantes de los grupos de autodefensa que surgieron a partir del 6 de enero del año pasado, en municipios de la Costa Chica y Montaña de Tlapa, y el lunes de la semana pasada en el Valle de El Ocotito, de este Municipio, se deben aplicar en tanto termina el proceso de su legalización, con pleno respeto a sus derechos humanos.
Agregó que ya constató que el Gobierno Estatal, mantiene medidas cautelares para proteger la vida del ex dirigente de la CANACO, Pioquinto Damián Huato, a raíz del atentado que sufrió el martes de la semana pasada cuando regresaba de una asamblea en El Ocotito, con grupos de autodefensa y ciudadanos, mientras que indicó que a petición del dirigente de la UPOEG, la CEDH le solicitó medidas cautelares que le fueron proporcionadas.
Y dio a conocer que personal de la CEDH, y él en lo personal, a petición del dirigente de esa organización no gubernamental, lo van a acompañar en sus recorridos cuando lo solicite.
Por su parte, el vocero gubernamental José Villanueva Manzanarez, aseguró que las medidas cautelares a favor del dirigente de la UPOEG, se le siguen proporcionando, pero que prescindió de la vigilancia policiaca en su incursión al Municipio de Quechultenango, donde fue interceptado por un comando de hombres armados, “porque él mismo no lo creyó necesario”.
Añadió que esas mismas medidas cautelares continúan aplicándose al ex dirigente de la CANACO, Pioquinto Damián Huato, “para evitar que le pueda pasar algo, porque luego dicen que los mandó matar el Gobierno y el gobernador Ángel Aguirre Rivero, no anda asesinando”.
Y sostuvo que el Gobierno de Ángel Aguirre, “es de diálogo, no es un Gobierno violento, busca preservar la vida de los seres humanos y llevar el bienestar colectivo a todos, para que vivamos en paz”.