Banner

Manuel Camacho Solís

El gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto y el PRI estarán en apuros en el aniversario de la Constitución de 1917. ¿Podrán decir que la admiran y son fieles a sus principios? ¿O se atreverán a decir que las reformas estructurales son los nuevos principios? Con las reformas de diciembre de 2013, se terminó de demoler la Constitución de 1917.
La Constitución de 1917 fue la expresión de un movimiento revolucionario que reclamó al antiguo régimen porfirista tierra para los campesinos, derechos laborales y sindicales para los obreros, defensa de nuestros recursos naturales y reafirmación de nuestra cultura para poder forjar una nación. Democracia con justicia social, reforma agraria y protección del trabajador, rescate de la riqueza del subsuelo y política exterior protectora de la autonomía política.
La Constitución fue muy útil a la estabilidad política al fortalecer al Estado, reafirmar su carácter laico, acabar con la violencia en el campo mediante el reparto agrario, otorgar derechos a los trabajadores. Fue el sustento para rescatar una enorme riqueza petrolera que se habría perdido si se hubiera perpetuado el régimen de concesiones del Porfirismo.
Frente al proyecto nacional del 17, lo que hoy tenemos es el encumbramiento de unas reformas estructurales por encima de cualquier principio. La de 2013 es la constitución de la Reforma Energética, la Reforma Laboral, la Reforma Laboral de la Educación, la protección del capital externo y los derechos de los extranjeros por encima de los nacionales; es la del debilitamiento de las facultades del Congreso, de los tribunales y del federalismo.
La nueva Constitución 1913 no obedece a un diseño consistente para un nuevo régimen político. No es el resultado de un pacto social que comprometa a la sociedad y la signifique. Está lejos de contener decisiones fundamentales en favor de la justicia, la equidad, el freno a la corrupción, el respeto de todos a la ley, la reconstrucción de un federalismo democrático, la apertura de los partidos a la participación de los ciudadanos y de los gobiernos a una efectiva rendición de cuentas.
La nueva Constitución es producto de un trueque. Me dan la reforma al artículo 27 y les concedo lo que necesitan para sortear las críticas dentro de sus partidos. Es un adefesio jurídico, repleto de artículos transitorios que pretenden ser definitivos.
La reforma política fue la moneda de cambio para abrir el petróleo, no es una reforma en la que siquiera se crea. Se pudo haber procedido al revés. Primero pactar los cambios institucionales para afianzar el Estado de Derecho y democratizar. Pero en vez de reformar y legitimar a las instituciones y partir de ahí convenir las reformas económicas, lo que se hizo es someter al conjunto del Estado a la satisfacción del cambio petrolero que sería aplaudido por los inversionistas.
La Constitución quedó tan averiada que lo menos que se necesita es que un equipo de reconocidos constitucionalistas la revise, la compacte, le quite el peso de los reglamentos y la vuelvan aplicable. Ya hay un proyecto del Senador Raúl Cervantes para emprender esa tarea necesaria que, conforme a otras experiencias internacionales, como la reciente de Suiza, puede dar un buen resultado.
Eso no será suficiente. Se necesita una Constitución que sea respetada, por gobernantes y gobernados, que ofrezca un arreglo de nuevo régimen para afianzar la democracia y llenar los vacíos de gobernabilidad, que permita el desarrollo de la economía de mercado con una efectiva regulación, que sea el resultado de un proceso altamente consensual. Hoy más que nunca cobra actualidad la vieja discusión respecto a que si lo que se necesita es una nueva constitucionalidad o un nueva constitución. Habrá que prepararse: el centenario de la Constitución está cerca. Lo que no sirve es una constitución de 2013 que nadie se atreve a apadrinar, que no es comprendida ni admirada ni siquiera por quienes la promovieron.