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Por Víctor Fuentes
AGENCIA REFORMA
CD. DE MÉXICO.- Los delincuentes declarados culpables tendrán ocho años para promover amparos directos ante tribunales colegiados de circuito, que son la última instancia de revisión judicial.
Lo anterior aclaró la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al declarar constitucional el periodo mencionado, previsto en la Ley de Amparo que entró en vigor en abril de 2013.
La ley anterior no preveía plazo alguno, pero el Congreso decidió imponer los ocho años, entre otras razones, para dar certidumbre a las víctimas del delito sobre la fecha en que, eventualmente, queda firme la condena contra el delincuente y se puede acceder a la reparación del daño.
Por 8 votos contra 3, los ministros determinaron que, para delincuentes sentenciados antes del 3 de abril de 2013, el plazo de ocho años comenzó a correr en dicha fecha, por lo que vencerá en abril de 2021, mientras que para los condenados con posterioridad, correrá a partir de que sean notificados del fallo de segunda instancia que los declara culpables.
“La existencia de plazo es una decisión correcta del legislador, todo proceso que nos da plazo es lo que en mi opinión más abona a la seguridad jurídica”, afirmó la Ministra Margarita Luna Ramos.
La mayoría enfatizó que no se violó el llamado principio de progresividad, según el cual las leyes no deben tender a disminuir derechos humanos ya establecidos, pues ese lapso es más que suficiente para que cualquier acusado prepare con detalle el que será su último recurso judicial.
La semana pasada, la Corte señaló que no hay plazo para que acusados antes de abril de 2013 promuevan amparos contra órdenes de aprehensión o autos de formal prisión, pues no se les puede aplicar el de 15 días que prevé la ley actual, y el Congreso no incluyó un artículo transitorio para aclarar el tema.
Pero el Ministro Jorge Pardo explicó que, en ese caso, el máximo tribunal hubiera dejado en indefensión a los acusados en caso de aplicar el plazo de 15 días, que venció el mismo abril del año pasado.
José Ramón Cossío, Arturo Zaldívar y Alfredo Gutiérrez fueron los únicos que votaron por la inconstitucionalidad de los ocho años, precisamente por considerar que hubo una regresión.
Este tiempo parece más que suficiente para presentar un amparo directo, pues según datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, el 88 por ciento de las sentencias condenatorias que se dictan a delincuentes federales y del fuero común es de siete años o menos, y sólo el 8.4 por ciento es de más de nueve años.
A principios de 2013, el Sistema Penitenciario Nacional registró 108 mil 480 reos sentenciados, aunque las estadísticas no desglosan cuántos habían sido condenados también en segunda instancia, paso previo necesario antes de poder acudir a la justicia federal por vía del amparo directo.
La Corte aún tiene pendiente definir si el plazo de 15 días para impugnar autos de prisión y órdenes de aprehensión por medio del amparo indirecto es constitucional, pues ese tema no lo discutió la semana pasada, y la ley derogada tampoco ponía término alguno.