Federico Osorio Altúzar
Acueducto y Gasoducto: El Bienestar Social es Primero



El agua y el aire, el suelo y el subsuelo, son patrimonio que no merecen dilapidarse como si fuesen reparables a voluntad, en cualquier momento y sin costo alguno. Hay leyes que tutelan su usufructo, y hay disposiciones jurídicas que regulan los títulos de propiedad de predios y posesiones en comunidades urbanas y del campo.
El subsuelo, sabemos, es propiedad de la Nación. Y corresponde a la Federación, a los Estados y Municipios velar por su integridad, preservándolo en calidad de pertenencia pública. Es patrimonio para el máximo bienestar de la población, a cuyo efecto las autoridades tienen el deber de mantener el medio ambiente sin deterioro y evitar consecuencias lesivas, por caso, derivadas del cambio climático y de prácticas impremeditadas.
La reunión de autoridades de Cajeme, sectores productivos y de la Tribu Yaqui con la empresa IENOVA, promotora del Gasoducto Sonora, es antecedente sobre cómo actuar, y como no hacerlo, frente a proyectos en los que se plantea la ejecución de obras que sugieren ventajas económicas, así como de orden competitivo en turismo, construcción y desarrollo industrial.
Se trata, así, de un paradigma a seguir en cuanto a efectuar, con suficiente antelación, consultas entre la sociedad civil, productores y con autoridades de la jurisdicción; es modelo para difundir información sobre el proyecto: es método para dar a conocer datos confiables y para comunicar a la sociedad lo relativo a expectativas laborales, de empleo y de beneficios redituables para los potenciales usuarios. Nada quedaría, así, oculto y nada se decidiría en secrecía por parte de funcionarios-contratistas y por inversionistas con apariencia de filántropos, pero disfrazados con piel de oveja. Nada que al final de cuentas revierta en contra de quienes terminan pagando los platos rotos; es decir, los contribuyentes y asustadizos asalariados, obreros y jornaleros.
El Gasoducto Sonora, de acuerdo con IENOVA, es un proyecto que conlleva promisorios beneficios a la industria, la agroindustria; a los consorcios turísticos y de servicios dentro de la competitividad y la generación de empleos “bien pagados”. Sería un eficaz detonador del desarrollo socioeconómico regional y medio para ahorrar energía, abatir los índices de contaminación y acicate para obtener plusvalía en todos aquellos ramos que tienen que ver con el uso del gas industrial.
Rogelio Díaz Brown, líder en su carácter de Ejecutivo al frente del Municipio en todo lo concerniente a seguridad pública, imagen urbana e integridad de vida para los cajemenses, es del parecer que el gasoducto “sería una gran ventaja competitiva que ofrezca el Municipio a inversiones”. En ese orden de estimaciones, subrayó la importancia del ejercicio participativo a título de condición para dar el asentimiento requerido. Refrendó, con gesto propio de autoridad comprometida y responsable, el ofrecimiento en firme de contar con la opinión ciudadana en la toma oficial de las más importantes decisiones.
Por su parte, Antonio Alvídrez Labrado, segundo de a bordo en el Gobierno Municipal, sumó su parecer al del munícipe cajemense expresando que el Gasoducto Sonora estimularía, en términos de la libre competencia, la participación de productores e inversionistas, alentaría a la población laboral y a la comunidad en general para dar, con plena libertad, su aval al susodicho proyecto, pues sería una gran oportunidad para la alianza empresa-gobierno-sociedad.
Se pondera, asimismo, el pronunciamiento de la Tribu Yaqui.
Conclusión: el proyecto de Gasoducto está en el ojo de la tormenta. Revive lo ocurrido en torno a los inicios, desarrollo y puesta en servicio del traído y llevado Acueducto Independencia. Todo esto, cobijado en la impremeditación, la anarquía administrativa y legal. Y con la violación temeraria del Estado de Derecho.
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