Por Héctor Froylán Campos
TRIBUNA
HERMOSILLO.- Legisladores priístas tildaron de “abusón, insensible y arbitrario” al secretario de Gobierno, Roberto Romero López, cuya falta de oficio --advirtieron-- amenaza con detonar un problema de gran magnitud en el transporte público.
“No podemos permitir que Hermosillo se convierta en rehén de las ambiciones de unos pocos que buscan hacer negocio a costa de los ciudadanos”, dijo el coordinador parlamentario del PRI, Samuel Moreno Terán, al dar a conocer un acuerdo para solicitar al Ejecutivo y el secretario del Trabajo, se respeten los derechos laborales de los trabajadores del gremio transportista.
Más de un centenar de concesionarios y trabajadores de la empresa SICTUHSA protestaron ayer en el recinto de sesiones. Los inconformes manifestaron a gritos su descontento por el desplazamiento laboral que generó la decisión del Gobierno Estatal al poner en circulación 150 nuevos camiones que son operados por personal ajeno al sindicato de choferes.
En una álgida discusión entre la diputada Guadalupe Adela Gracia Benítez con los panistas José Serrato Castell y Juan Manuel Armenta Montaño, la cetemista recordó que ni en la reforma a la ley del transporte ni a la hora de constituir “el maravilloso comité ciudadano” se dijo que “todo era para despojar a los trabajadores de sus fuentes de trabajo y no llevarse a cabo una sustitución patronal”.
“Lo único que estamos pidiendo es que el secretario de Gobierno y Gildardo Monge vengan y nos digan dónde está la sustitución patronal. Engañaron a los trabajadores. Es tanta el hambre, tanta la langarez del secretario de Gobierno como para dejar sin trabajo a 150 trabajadores. No lo vamos a permitir como cetemistas. Ahora si se trata de medir fuerza, pues empiecen a ver de cómo nos toca”, amagó la legisladora.
Pero el conflicto del transporte público no fue el único punto polémico de la sesión: la petición para remover del cargo a la directora del ISSSTESON, Teresa Lizárraga Figueroa, también generó una andanada de críticas por parte de los opositores. La respuesta de la bancada del PAN fue el silencio y su negativa para aprobar el trámite de la urgente y obvia resolución.
Por otro lado, la asamblea legislativa avaló diversos dictámenes como la nueva ley de Derechos de los Contribuyentes, reformas a los códigos penales con el objeto de tipificar el terrorismo como delito y agravar sanciones a quienes cometan extorsiones, entre otros asuntos.