PROFEPA y CONAGUA iniciaron un proceso de sanción por violación

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HERMOSILLO.- Autoridades federales ratificaron la clausura temporal de la obra en proceso conocida como Ramal Norte, parte del acueducto Independencia, además de iniciar un proceso de sanción por violación a una prohibición previa.

En un comunicado, la delegación de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) en Sonora indicó que en atención a una denuncia ciudadana, en una inspección federal de la obra encontró que realizaron trabajos más allá de los permitidos para la seguridad de las personas.

Por ello, se procedió a iniciar vía Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) un procedimiento jurídico sancionador, por la violación a la clausura total temporal decretada.

Precisó que la sanción administrativa podrá ser de 30 mil a 50 mil salarios mínimos, es decir unos tres millones de pesos de sanción administrativa como máximo.

La responsabilidad acreditada a la empresa constructora y al Fondo de Operación de Obras Sonora Sí (FOOSSI), consiste en haber incumplido la clausura temporal impuesta a las obras e instalar siete boquillas de válvulas, dijo.

“Siguieron realizando la obra clausurada, por lo que se ordenó como medida correctiva el retiro de las siete boquillas de válvulas bajo la supervisión de la autoridad federal”, puntualizó.

Asimismo, en su inspección la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) encontró elementos que acreditan la continuación de los trabajos, como la soldadura y manejo de tubería, por lo que se emplazó a la parte infractora para que un término de 15 días presente sus alegatos dentro del Proceso Sancionador que se desahoga.

Esto a efecto de revisar y valorar la sanción que en este procedimiento administrativo puede ser aplicada, que oscila en un monto de entre 100 mil 935 pesos y un millón 345 mil 800 pesos.

Las actuaciones del personal acreditado de PROFEPA y CONAGUA ratifican la clausura total temporal de las obras en proceso del Ramal Norte, obra integral del acueducto Independencia.

Ello, por graves violaciones a la Ley Nacional de Aguas y a la Ley de Protección del Equilibrio Ecológico, y el desahogo pleno de los procedimientos administrativos no sólo finaliza en la imposición de sanción económica, sino por la clausura definitiva, o remoción de la infraestructura colocada.