Proponen en Senado castigar la violencia escolar


Por Claudia Guerrero
y Claudia Salazar
AGENCIA REFORMA
CD. DE MÉXICO.- Senadores del PRI, PAN y PRD propusieron la creación de la Ley General para la Prevención y Atención de la Violencia Escolar.
La iniciativa, que fue llevada a la tribuna por el priísta Omar Fayad, contempla un apartado de sanciones, en el que se establece que la madre, padre de familia o tutor que incumpla con la ley podrá recibir una amonestación pública o una multa dependiendo de la gravedad o reiteración del caso.
Los castigos contra funcionarios y planteles educativos pueden ir desde la amonestación pública, multa por 5 mil días de salario mínimo, clausura del servicio educativo, retiro del reconocimiento de validez oficial, suspensión definitiva del puesto académico o la inhabilitación del cargo hasta por cinco años.
Se establece que un Comité de Convivencia Escolar o la autoridad educativa podrán informar a la autoridad sobre la suspensión temporal o definitiva del puesto académico o inhabilitación del encargo del funcionario.
Las sanciones son independientes de las que puedan aplicarse por causas administrativas, laborales o penales.
De acuerdo a los legisladores, cuando los padres o tutores sean responsables de la infracción se les canalizará para atención psicológica, pero en caso de delitos se informará a la autoridad correspondiente.
También se contempla la reparación del daño.
Los alumnos que incurran en bullying recibirán atención psicológica y terapia integral para eliminar las conductas violentas en su entorno familiar y escolar.
Deberán elaborar una campaña para evitar actos de violencia y tendrán que asistir a actividades encaminadas a erradicar la violencia.
También quedarán obligados a realizar trabajos a favor de la comunidad escolar, pero éstos no podrán ser inhumanos, degradantes o poner en riesgo su integridad física o moral.
Según la iniciativa, cuando se trate de incidentes de violencia que pongan en riesgo grave los derechos de los niños o cualquier persona, las autoridades escolares o los integrantes del Comité para la Convivencia Escolar deberán salvaguardar los derechos de los afectados.
Además, tendrán que comunicar a los padres de familia el incidente y solicitar la actuación de las autoridades, las cuales obligadas a salvaguardar los derechos de los niños y adolescentes.
La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Educación y Estudios Legislativos del Senado.