Gerardo Esquivel

Como parte de las leyes secundarias de la Reforma Energética se discutirá el llamado Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. Este Fondo es un fideicomiso, cuyo fin es recibir los recursos y pagar las obligaciones que se generen como resultado de las asignaciones y contratos de explotación de petróleo y gas, que se celebren entre el Estado y las empresas participantes (incluyendo a PEMEX). El Fondo también se encargará de administrar los recursos excedentes a través de una Reserva especial. Los recursos acumulados podrán utilizarse según ciertos criterios cuando excedan del 3% y del 10% del PIB.
De acuerdo a la iniciativa, este Fondo se inspira en experiencias internacionales exitosas por lo que, “siguiendo el ejemplo de dichos países”, el Fondo “privilegiará el ahorro”. En la iniciativa el Fondo se plantea como medio para alcanzar una serie de objetivos grandilocuentes. Por ejemplo, de acuerdo a ésta el Fondo es “una poderosa herramienta (...) con la que se podrá tener un manejo más transparente, responsable y objetivo de los ingresos petroleros que recibe el Estado, con una visión de largo plazo”, también se dice que coadyuvará a “la maximización del valor económico de los hidrocarburos en beneficio de las generaciones presentes y futuras de mexicanos” o que su visión convertirá a los ingresos petroleros en “una palanca fundamental para el desarrollo de los mexicanos de hoy y, también para los mexicanos de las generaciones futuras.” Se trata, al menos en teoría, de una propuesta visionaria, pensada para el largo plazo, para beneficio no sólo de esta generación sino de las venideras. ¿Es eso cierto? Lamentablemente, no. Es un engaño disfrazado de buenas intenciones.
La razón por la que no se cumplirá con esas expectativas es porque en el diseño mismo del Fondo lo que se privilegia es que los derechos petroleros sigan siendo una de las principales fuentes de financiamiento del presupuesto público (para ser precisos, la segunda, por debajo del ISR, pero por encima del IVA). En efecto, el Art. 16-II-g de la iniciativa establece que el Fondo deberá transferir “los recursos necesarios para que los ingresos petroleros del Gobierno Federal que se destinan a cubrir el Presupuesto de Egresos de la Federación se mantengan en el 4.7% del PIB.” Este piso de financiamiento se determinó a partir de los ingresos recibidos en 2013, aunque también es el promedio de los últimos siete años.
¿Por qué es relevante este dato? Porque la única forma de que haya excedentes para acumular en la reserva es que se generen recursos por encima de este piso. Considerando que la producción no va a aumentar de manera significativa en el corto plazo (de hecho, lo más probable es que disminuya, como ya ocurre en 2014); y que los precios de la mezcla mexicana en años recientes fueron excepcionalmente buenos, pero que su expectativa no es tan favorable por la caída en la demanda norteamericana, lo que obligará a buscar nuevos, lejanos y más competitivos mercados (en Asia, probablemente), y que podría traducirse en menores precios; entonces las posibilidades de que en el corto, o incluso en el mediano plazo, haya recursos excedentes es muy pequeña. La única posibilidad real es que la nueva producción aumente de manera significativa y que compense la caída de los otros campos y un eventual ajuste en los precios. Esto, sin embargo, podría tardar no menos de diez años en materializarse e inclusive podría no ocurrir. Más aún, en la iniciativa también se plantea la posibilidad de que ante circunstancias extraordinarias se pueda disponer de los recursos del fondo, por lo que la probabilidad de acumular recursos significativos es prácticamente nula. Por ello, la idea de que el Fondo Petrolero es un instrumento que “privilegiará el ahorro” es no sólo un mito sino que podría terminar siendo también un timo.