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AGENCIA REFORMA
SALTILLO.- La cifra oficial de mil 600 desaparecidos reportada en Coahuila no refleja aún las dimensiones del problema.
Las autoridades de Coahuila reconocen la existencia de al menos otros 500 cadáveres que no han sido identificados, ni su ADN corresponde a la de las personas que han sido reportadas por sus familiares.
“Estamos hablando que además de los mil 600 desaparecidos que tenemos registrados, hay unos 500 cuerpos que no han sido reclamados que posiblemente se vayan a la fosa común”, dijo un alto funcionario del Gobierno.
“Son personas que desaparecieron, pero que no tenemos identificadas y que son aparte de las que se están buscando”.
Al inicio de la actual administración estatal, se reconoció que había al menos unas mil 600 personas desaparecidas en Coahuila.
Adicional a los cuerpos que permanecen sin identificar, hay alrededor de 3 mil fragmentos de huesos y otros rastros que se han encontrado. Y muchos de ellos ni siquiera están en buen estado para aportar información genética que permita reconocerlos.
“El Gobierno del Estado ha reconocido el problema y la cifra de desaparecidos -dijo la fuente- y eso que se trataba del Estado con menos inseguridad, en comparación con Tamaulipas, por ejemplo.
“La diferencia es que no se ha ocultado, y lo más importante es que se han llevado a cabo acciones para encontrarlos y para apoyar a sus familias”, agregó.
Tan sólo en Allende, un Municipio al norte del estado, se estima que desaparecieron alrededor de 300 personas durante una incursión de “Los Zetas” en venganza por la huída de dos de sus operadores en esa población.
En algunos casos no se tiene la certeza de que los desaparecidos hayan sido secuestrados en la entidad, pero reportaron haber transitado por Coahuila o haberse dirigido hacia el estado.
Las investigaciones han arrojado que en gran parte de las desapariciones participaron funcionarios municipales, ya sea de forma directa o como facilitadores.
“Es un problema muy serio, un problema en el que se volvieron locos” -dijo el informante- pensaron que podían hacer lo que quisieran sin que nadie se diera cuenta”.
En mayo se publicó La Ley de Declaración de Ausencia por Desaparición que ha desatado polémica por la obligación que impone a los patrones de pagar el sueldo de sus trabajadores que adquieren el estatus de desaparecido.