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Octavio Chávez Peñúñuri

Segunda parte
>> Autonomía presupuestal
Las referidas empresas podrán elaborar sus proyectos de presupuesto de forma autónoma y ejercerlos sin requerir autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por lo que deberán cumplir sólo con un techo de endeudamiento (balance financiero) y un techo para el pago de remuneración de su personal, que deberán ser previamente aprobados por el Congreso de la Unión. En relación a sus operaciones de financiamiento, éstas deberán coordinarse con la SHCP de tal manera que dichas operaciones no aumenten el costo de financiamiento para el resto del sector público. Por último, Pemex y CFE podrán aplicar sus ingresos remanentes para aumentar su gasto de inversión física o para cubrir posibles pasivos laborales de corto y largo plazo en materia de pensiones y salud.
>> Nuevo papel del Estado como propietario
Con este nuevo esquema, el Gobierno deja de ser su “administrador principal” y se nombra como propietario. Se delimitan las atribuciones del Estado como dueño, según las mejores prácticas internacionales de Gobierno corporativo de las empresas públicas, con el fin de no interferir en las operaciones cotidianas de las empresas. Conjuntamente con la participación del Congreso de la Unión, el Ejecutivo Federal mantiene sólo las funciones siguientes: nombrar al director y a los miembros del Consejo de Administración, con una participación de funcionarios del Gobierno Federal sólo por medio del Consejo; evaluar el desempeño de las empresas y de sus directivos, y determinar las utilidades (dividendo) que deberán pagar las empresas al Gobierno.
>> Dividendo Estatal
Se aprobó que las Empresas Productivas del Estado (Pemex y CFE) deberán pagar cada año al Gobierno Federal un dividendo, cuyo importe dependerá de los planes, opciones y perspectivas de inversión de la empresa, así como de las alternativas de otros posibles usos de los recursos, y en particular de la inversión pública en diversos sectores. El propósito es el de establecer un ejercicio democrático que no tiene precedentes, para decidir como País cuales son las mejores opciones para el uso de las ganancias de las empresas. Para ello, el importe estará incluido en la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación del ejercicio fiscal que corresponda, para su aprobación por el H. Congreso de la Unión. El excedente se reinvertirá por las empresas.
>> Gobierno corporativo
El órgano máximo de las empresas será al Consejo de Administración, quien será responsable de la dirección estratégica y la planeación integral. Asimismo, se le dota de Comités de Apoyo para asegurar un mejor desempeño de sus funciones. Se disponen y definen claramente sus atribuciones para separarlas de aquellas que ejercerá el Estado como propietario. De esta manera, este órgano será el encargado, entre otros, de fijar la visión estratégica de las empresas; determinar las políticas de inversiones, plan de negocios y contrataciones; elaborar y emitir el estatuto orgánico, y vigilar y evaluar el funcionamiento de las empresas.
>> Consejeros Independientes
Para integrar los consejos de administración, la ley establece la figura de consejeros independientes. Éstos deberán ser designados a propuesta del Ejecutivo y ratificados por el Senado. Con esta disposición, se establece un sistema de contrapesos entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo con el fin de garantizar que el Consejo estará formado con una visión plural, crítica y, sobre todo, profesional.
>> Marco jurídico similar al de empresas privadas
Tanto Pemex como CFE dejarán de atenerse a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Entidades Paraestatales y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. De ahora en adelante estarán regidas por lo mencionado en sus estatutos sociales (sus respectivas leyes) y por las disposiciones del derecho mercantil y civil. Con el fin de cumplir con la transparencia y la rendición de cuentas, Pemex y CFE deberán presentar periódicamente informes sobre su situación financiera, administrativa, económica y jurídica, en atención a lo establecido en la Ley del Mercado de Valores.